Luego de un proceso amplio de discusión, el pasado 27 de octubre fue aprobado en tercer debate el Proyecto de Ley No. 162 que incentiva la movilidad eléctrica en el transporte terrestre, luego de que el mismo fuese presentado a consideración de la Asamblea Nacional el 16 de septiembre de 2019.
Con la sanción del Ejecutivo, nuestro país contará con un marco normativo que establecerá los parámetros principales que permitirán el desarrollo y operación de la movilidad eléctrica, apalancando el proceso de transformación energética y los compromisos adquiridos por Panamá al ser suscriptor del Acuerdo de Paris.
Dicho proyecto de ley define el esquema para lograr una transición escalonada del transporte de público a base de combustibles fósiles, por autobuses eléctricos; fija los incentivos para fortalecer el mercado de vehículos eléctricos; determina consideraciones particulares para futuros desarrollos inmobiliarios, al igual que en primera instancia busca una facilidad de comercialización y fomento de las estaciones de carga, entre otras consideraciones adicionales.
Muchos términos y condiciones relevantes están por definirse y serán visibles por medio de una reglamentación que debe emitirse, pero en el camino, es importante fomentar el desarrollo de infraestructura apta y la concientización al usuario para la reducción de gases del efecto invernadero para ver el beneficio tangible que trae consigo el uso de fuentes renovables para una movilidad sostenible.
Si bien la aplicación y desarrollo correcto de esta normativa conlleva un esfuerzo importante, se debe buscar en todo momento unir los diversos sectores que impactan esta política pública para orientarlos a este fin común y con ello, hacerlo una realidad.
Pluma invitada:
Mariel Díaz
Licenciada en derecho con amplia trayectoria en el sector eléctrico de PINTO & VILLAREAL.